Corralito, corralito, corralito...

La justicia argentina cita a declarar a los responsables del Santander y BBVA por el 'corralito'

Juan Ignacio Irigaray. El Mundo
Buenos Aires

El juez federal Sergio Torres ha citado a declarar a los máximos responsables de las filiales en Argentina del Santander y el BBVA, Banco Río y Banco Francés-BBVA, respectivamente, al Banco de Galicia, Citibank Argentina, Bank Boston, Scotiabank Quilmes, Banco Sudameris y HSBC Bank Argentina por un caso relaccionado con el 'corralito' bancario de 2001.

Los directivos tendrán que prestar 'declaración indagatoria' en Argentina, término legal que en España se traduce por declarar como imputado, en el juzgado federal número 11 de Torres. Entre ellos figura la presidenta del Banesto, Ana Patricia Botín, citada, junto a varios altos responsables bancarios, para la 'declaración indagatoria' del próximo 3 de marzo.

Fuentes de Banesto han señalado que "ni la entidad ni ella" han recibido citación al respecto.

El 'corralito' fue una decisión gubernamental que supuso el bloqueo de las cuentas de millones de argentinos para frenar la devaluación galopante de la moneda del país. La política de paridad del peso con el dólar para luchar contra la hiperinflación cada vez se hizo más insostenible conforme avanzaba el endeudamiento exterior. Cuando la crisis parecía inminente, la fuga de capitales al extranjero fue en ascenso -otra amenaza para el valor del peso- por lo que el Gobierno de Fernando de la Rúa se vio obligado a tomar esta medida drástica.

Además, han sido citados a declarar los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).

También deberán asistir los banqueros extranjeros William Peter Sutton y Alan McDonald (Scotia), José Luis Cristofani (Río), y quienes eran responsables del Francés-BBVA y del HSBC Bank Argentina.

El juez está pendiente de que el Banco Central responda a su oficio en el que pedía las identidades de los titulares del Francés BBVA y HSBC Bank Argentina al momento de los hechos, de manera que luego pueda proceder a citarlos.

Un jubilado inició el proceso

El juez ha reactivado una causa penal que dura ya cinco años y que se inició en 2002 por la denuncia de un jubilado de 70 años contra el banco Sudameris, porque éste le negó la devolución de un plazo fijo equivalente a 10.000 mil euros, ante el entonces juez de instrucción Mariano Bergés, quien citó a indagatoria a varios de aquellos banqueros.

En ese expediente el magistrado investigaba si los banqueros cometieron los delitos de "defraudación" y "estafa" a los clientes con la congelación de fondos plazos fijos, libretas de ahorro y cuentas bancarias, pero finalmente la Cámara le quitó el expdiente y lo envió la Justicia federal.

Entonces, la investigación se encaminó hacia los posibles delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero", aunque finalmente todos los imputados recibieron en 2003 la "falta de mérito", es decir no fueron procesados ni sobreseidos, y la Cámara Federal confirmó ese fallo en 2005.

Cuando los imputados se sienten en marzo en el banquillo junto a sus abogados defensores se les comunicará que la Justicia les achaca "haber administrado la entidad bancaria en fraude a los clientes titulares de certificados a plazo fijo, cajas de ahorro, cuentas corrientes y otras tenencias".

Y también leerán que se les reprocha "haber perjudicado con la fraudulenta gestión" a los clientes "toda vez que requerido el banco a la restitución de las acreencias, no fueron entregadas en la cantidad y moneda depositada".

En España, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, Amparo Delgado Tortosa, trámita una demanda efectuada por un centenar de clientes de la filial del Santandar en Argentina, banco Río de la Plata, que no pueden disponer de sus ahorros por el llamado 'corralito'.

El 'corralito' bancario alcanzó a dos millones de ahorristas argentinos con 66.000 millones de dólares (44.988 millones de euros) atrapados en aquel timo propio de Gescartera y al que 'The Wall Street Journal' bautizó como "robo" de una "república bananera". Entre ellos, 50.000 ahorradores creyeron en la Justicia y colapsaron los juzgados con recursos de amparo.