Consenso a toro pasado

Javier Pradera/ elpais

La despenalización de tres supuestos de interrupción voluntaria del embarazo (eugenésico, ético y terapéutico) fue incorporada hace 23 años al ordenamiento jurídico tras un accidentado periplo. La primera versión del proyecto de ley fue aprobada por las Cortes el 30 de noviembre de 1983, pero el partido hoy presidido por Rajoy (entonces denominado Alianza Popular) presentó dos días después un recurso previo de inconstitucionalidad con efectos suspensivos. El Constitucional dictó sentencia el 11 de abril de 1985; el reñido empate entre sus 12 magistrados tuvo que ser deshecho por el voto dirimente de calidad del presidente, Manuel García Pelayo. El alto tribunal admitió la constitucionalidad de las tres indicaciones despenalizadoras con sus plazos respectivos (malformación del feto hasta las 22 semanas, violación hasta las 12 semanas y peligro para la salud física o psíquica de la madre sin límite temporal) pero exigió mayores garantías jurídicas en favor del nasciturus.

Promulgada el 5 de julio de 1985, la segunda y definitiva versión de la ley incorporó las instrucciones del TC. Al igual que otras normas de los tiempos de UCD y PSOE -desde 1977 hasta 1996- combatidas por los populares con furia, ruido y acritud, las amenazas del PP de derogar esa maldecida herencia no se cumplieron durante los ocho años de estancia en el poder -cuatro con mayoría absoluta- de José María Aznar. La apuesta a favor de la continuidad se impuso igualmente en el campo de la revisión constitucional, predicada por el veterano Fraga y el joven Aznar a finales de los setenta y comienzos de los ochenta. Esa aceptación acumulativa de las disposiciones votadas en su día con la oposición de los populares incluye la ley del aborto.

El PP presenta ahora su renuncia a modificar esa norma como una adhesión -retrasada- al mismo consenso que saboteó en 1985 e invita al PSOE a mantener inamovibles sus posiciones de entonces. Todavía resuenan en los oídos de la opinión pública, sin embargo, las jeremiadas lanzadas hace 25 años por los populares sobre la matanza de Herodes que los socialistas preparaban con ánimo asesino. Rajoy afirma que no existe demanda social para la reforma de la ley y la manera de aplicarla. Pero el dato de que se practican en España anualmente 100.000 interrupciones voluntarias del embarazo despenalizadas -el 90% se producen dentro de las primeras 12 semanas- prueba las dimensiones sociales del problema. De añadidura, la caza de brujas organizada por la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre para multar o cerrar clínicas abortistas legales por el supuesto incumplimiento de algunos requisitos administrativos en la tramitación de los historiales clínicos de sus pacientes aconseja la actualización de las normas reglamentarias. Y tanto el ridículo porcentaje de participación de la sanidad pública en la prestación de servicios clínicos como el laxo régimen de la objeción de conciencia de los médicos exigen un drástico replanteamiento.

Los socialistas han vacilado a la hora de acometer esa reforma. La doctrina establecida por la sentencia del Constitucional de 1985 no facilita la aplicación en España de la ley de plazos generalizada en Europa. El Gobierno es consciente de pisar un terreno minado de creencias religiosas y convicciones morales; el esclarecedor libro de Belén Barreiro Democracia y conflicto moral: la política del aborto en España e Italia (Madrid, Istmo, 2000) analiza documentadamente ese trasfondo. El voto en conciencia para romper la disciplina partidista podría ser reclamado no sólo por diputados de CiU y del PNV sino también del PSOE.

Durante el anterior mandato de Zapatero, el Gobierno hizo oídos sordos a las iniciativas reformistas sobre el aborto de sus aliados parlamentarios. El programa electoral del PSOE para 2008 tampoco incluyó, a diferencia de 2004, el compromiso de acometer esa tarea en esta legislatura. Sin embargo, parece que ahora la cosa va en serio. El 38º Congreso del PSOE cubrió el pasado julio el vacío del programa electoral con una mención a una nueva regulación del aborto. La designación por el Ministerio de Igualdad (Sanidad o Justicia hubiesen sido más idóneos) de un grupo de expertos para presentar en el primer trimestre de 2009 los trabajos preparatorios del proyecto de ley que el Gobierno enviará a las Cortes marcha en paralelo con la constitución en el Congreso de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, que deberá elaborar en seis meses un informe. Mientras CiU se abstenía y el PNV se pronunciaba a favor de crear la subcomisión, el PP se quedó solo al votar en contra. Rajoy habrá confirmado su sospecha paranoide de que la reforma de la ley del aborto se propone únicamente apartar la atención de la sociedad respecto a la crisis económica y aislar al PP de los demás grupos parlamentarios como sucedió en la pasada legislatura.