Derechos y deberes

Cuando hace unos años, el cantante Kiko Veneno quiso hacer un homenaje a Rafael Alberti, cantando alguno de sus textos, no pudo. No pudo porque los derechos de autor, que reclamaba su viuda a través de su Fundación, eran inalcanzables para el cantante. Esto lo ha contado él mismo en los medios de comunicación.

Si uno va a un librería a comprar, pongamos por caso, "Flor de santidad", difícilmente encontrará los cuentos de Valle-Inclán. Los herederos, numerosos y abigarrados, paralizan la edición de unas obras completas del autor de "Farsa y licencia de la reina castiza" por desavenencias familiares. Valle-Inclán falleció el 6 de enero de 1937.

La hermana de Nietzsche, junto con su madre, heredera de los derechos de autor del filósofo alemán, falsificaron parte de su obra. Tacharon los insultos que su hijo les dedicara, mutilando su obra. Rehicieron textos que, sesgadamente, servían a la propaganda nazi. Hasta que su nefasta influencia fuese neutralizada, más de medio siglo después de muerto el autor de "Ecce homo", sus herederas falsificaron la obra de un genio que pertenece a nuestro legado cultural.

Hace menos de un año, la mafia de la Sgae pretendía cobrar al pueblo de Zalamea por representar "El alcalde de Zalamea". Una representación popular y festiva. Tal cual. En el colmo del delirio de unos autores (en muchos casos, hace décadas que no crean nada) miserables, una mafia que gestiona sin transparencia y con abundantes sospechas de amiguismo, que tienen la desfachatez de robar el legado cultural español y ponerlo al servicio de sus intereses personales, su lucro voraz.

Son numerosos los casos en que los derechos de autor impiden la difusión correcta de la obra de un autor. Son muy numerosos los casos en que la codicia de los herederos empatana la difusión de la obra de un autor. Tampoco son pocos los casos en que los herederos falisifican el legado de un autor.

Si se va a rehacer la ley de propiedad intelectual, debería tenerse en cuenta casos como éstos. Pero esto nada tiene que ver con la ley Sinde, que pretendía amordazar la red y blindar los privilegios del sindicato de la zeja.